martes, 26 de junio de 2012

¿Tránsito inteligente?

El Congreso Nacional podría aprobar en los próximos días un préstamo por US$30 millones sometido por la Autoridad Metropolitana de Transporte para la adquisición de cámaras de video de última generación a través del Gobierno coreano. De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por las autoridades de AMET, estos aparatos se instalarían en las calles y avenidas de la capital para la implementación de un sistema de tránsito inteligente, que serviría para monitorear la circulación vehicular en la ciudad, y de esta forma controlar las infracciones a la ley 241. Resulta curioso que este proyecto toque las puertas del Congreso justo cuando a la presente gestión de Gobierno le restan días para finalizar. Pero lo más curioso es que ha coincidido con los operativos televisados que encabeza el mayor general José Anibal Sanz Jiminián, quien ha salido a “cazar” a los transgresores. Esto podría interpretarse de dos maneras: O el general trata de justificar ante la opinión pública del proyecto de endeudamiento externo con la aparente “eficiencia” de una gestión sin muchas luces, o que busca congraciarse con el presidente electo. Pero lejos de lo que pueda parecer, el entaponamiento que a todas horas exaspera a la población y el irrespeto a las leyes de tránsito es un asunto de fondo y no de forma, que no se resolvería con la instalación de cámaras. Se trata de un problema de educación vial y vías de acceso insuficientes para el creciente parque vehicular, cuestiones a las que debería prestársele atención antes que incurrir en un empréstito que comprometería al país con RD$1,520 millones. Con mínimos recursos, el primer director de AMET, Hamlet Hermann, logró imponer la cultura del orden y la obediencia en las calles de Santo Domingo y hacer una reingeniería del tránsito que posibilitó una ciudad más viable. Aquello si fue un tránsito inteligente!.

Es mejor prevenir que remediar

Cada año, el Estado dominicano invierte miles de millones de pesos en obras de infraestructura que a los pocos años de ser inauguradas se deterioran ante la mirada indiferente de las autoridades llamadas a preservarlas. Carreteras, puentes, escuelas y parques, así como obras hidráulicas y sanitarias se convierten en monumentos al descuido por falta de programas de mantenimiento que evalúen periódicamente las estructuras, con el fin de corregir a tiempo los desperfectos que surgen por el uso y así evitar que su reparación conlleve mayores gastos a los contribuyentes que su misma construcción. No hay que esperar a que se roben los cables de los puentes, como sucedió recientemente con los viaductos Juan Pablo Duarte de esta capital, y Cajuilito en San Cristóbal; o que se descuiden complejos como el Centro Olímpico, donde el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía invirtió una millonada para la celebración de los Juegos Panamericanos del 2003, que se destrocen las aceras o que se roben las tapas del alcantarillado. ¿Por qué dejar que las filtraciones se coman los techos de los edificios públicos o que gran cantidad de hoyos saturen nuestras calles y avenidas propiciando lamentables accidentes de tránsito? Aparentemente ni al Ministerio de Obras Públicas ni a los gobiernos locales les interesa aplicar una verdadera política para preservar los bienes públicos. Hacerse de la vista gorda ha sido su actitud por años. Vale decir que no toda la responsabilidad es de las autoridades. También la ciudadanía tiene la obligación de velar porque en su comunidad se le de un uso adecuado a las obras edificadas ya que al fin y al cabo se construyen para mejorar su calidad de vida. El mantenimiento se asocia con gastos pero es la única forma de prolongar la vida útil de las obras públicas que forman parte del patrimonio colectivo y de proteger la inversión que sale de nuestros bolsillos.

La vida ya no vale

El pueblo dominicano ha ido perdiendo la sensibilidad que le caracterizaba y que le hacía arrimar el hombro ante el dolor ajeno. La última y más remota salida ante una diferencia personal o una necesidad económica era la muerte. Sin embargo, desde hace unos años esa realidad ha cambiado. Quizás una de las causas, pero no la más importante, sea la gran cantidad de armas de fuego en manos de la población civil, que ante la creciente inseguridad ha tenido que hacerse cargo de su propia defensa personal. Más de 200 mil se encuentran registradas de manera legal en los archivos del Ministerio de Interior y Policía. El dominicano ha cambiado la cultura de la tolerancia por la irracionalidad que obnubila, y termina por arrebatarle la vida a un semejante por cuestiones tan simples como un estacionamiento de vehículo, una deuda de cien pesos o un celular. La solución ante cualquier discusión o malentendido es un disparo. Pero las causas del estado de irritación que atrapa a cada vez más ciudadanos, no sólo tienen que ver con las armas, sino que está estrechamente ligado a la desigualdad económica y social que vulnera sus derechos más elementales. En nuestro país, el 60 por ciento de la población es pobre, según el estudio Latinobarómetro para 2011, lo que significa que a más de la mitad de los quisqueyanos se les hace difícil llevarse a la boca un plato de comida o tener un cuarto de hospital digno en caso de enfermarse. Es tan simple como que la pobreza es hermana de la violencia, pues para un ciudadano que no tiene asegurados el pan o la salud, la vida es lo de menos. No se le deja otra salida que enrolarse a las filas de la desesperanza y terminar abrazado a la delincuencia. El otro elemento que va ligado a la pobreza y la desigualdad es la educación, pues la inversión en este sector por parte del Estado es muy baja, aunque hay promesas de aumentarla.

Mis libros preferidos

  • 11 Minutos, Paulo Coelho
  • El Oro y la Paz, Juan Bosch
  • El Perfume, Patrick Suskind
  • Paula, Isabel Allende